En octubre del año pasado, ANPE se movilizó en Madrid para exigir al gobierno la recuperación del poder adquisitivo perdido en la última década. Un año después, como anticipamos en esa ocasión, la situación ha empeorado debido a la implementación del acuerdo retributivo suscrito por algunas organizaciones con la Función Pública.
Lamentablemente, en lugar de resolver el problema, este acuerdo ha contribuido a incrementar las diferencias de poder adquisitivo, generando un mayor empobrecimiento de los funcionarios.
Hoy reiteramos nuestro rechazo a dicho acuerdo salarial, que, con una vigencia de tres años, contemplaba un aumento global fijo del 6,5% y otro variable de hasta 3 puntos. En su ejecución durante los años 2022 y 2023, el gobierno ha aplicado incrementos del 3,5% y 3%, respectivamente. Esto unido a una previsión de subida del 2% para 2024, nos sitúa en un déficit del ocho por ciento con respecto a la subida del Índice de Precios al Consumo (IPC) de los años de referencia.
Como anticipamos, este acuerdo no aborda las necesarias subidas salariales tras años de recortes indiscriminados contra los funcionarios públicos. Más bien, ha agravado la pérdida de poder adquisitivo, que estimamos por encima del 30%.
Ante esta situación, ANPE insiste en la necesidad de un aumento salarial para los empleados públicos, que permita la recuperación del poder adquisitivo acumulado desde los recortes de 2010 y que incluya cláusulas de revisión salarial vinculadas a la subida del IPC, con el fin de preservar el poder adquisitivo. Así mismo abogamos por la equiparación salarial de los docentes de todo el Estado, en nuestra calidad de cuerpo nacional.
