ANPE 621 Enero-Febrero 2024

martes, febrero 27, 2024
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Año de elecciones: menos política, más docencia y menos burocracia

Francisco VenzaláEn un año marcado por la celebración en nuestro país de dos importantes procesos electorales, la educación, una vez más, no estará ajena al uso partidista y sesgado al que habitualmente nos tienen acostumbrados las diferentes opciones en liza. El problema no radica en la política, sino en el uso que de la fuerza de los votos hagan nuestros representantes elegidos en las urnas. Ciertamente, es y debe ser obligación de nuestros políticos garantizar un sistema educativo eficaz, de calidad y garante de la igualdad de oportunidades para con sus ciudadanos, pues es el futuro y el progreso de cualquier nación. Pero una política educativa exclusivamente en manos de políticos está ineludiblemente abocada al fracaso, pues responderá sin el menor género de dudas a necesidades meramente políticas.

Dicho esto, nos encontramos en el último tramo de un curso escolar en el que siguen esperando respuesta numerosos problemas sin resolver como el exceso de burocracia, mal endémico que desde hace ya años los docentes llevamos sufriendo. A pesar de que todas las administraciones aseguran que son conscientes de esta circunstancia, las tareas burocráticas en el ámbito educativo no dejan de crecer. Poco se ha mejorado en este sentido en los últimos años, y en ANPE nos negamos a aceptar y asumir que esta realidad sea inamovible. Una situación que no redunda en una mejora de la calidad educativa, sino que obstaculiza los procesos de enseñanza-aprendizaje.

El asfixiante exceso de burocracia satura a los docentes y está teniendo, desgraciadamente, negativas consecuencias sobre la salud mental del profesorado, como así lo reflejan las numerosas quejas que está recibiendo el servicio del Defensor del Profesor de ANPE. Docentes que están notando en su salud este gran aumento de tareas burocráticas o administrativas, con el agravante de que algunas de estas tareas no son inherentes a su labor docente, y esto obviamente es grave.

En ANPE siempre hemos afirmado que las leyes están para cumplirlas. De no ser así, nos veríamos abocados a escenarios inciertos e inseguros. Pero ello no es óbice para alertar de las consecuencias que para el profesorado conlleva la aplicación de una ley o de un protocolo derivado de la misma. Concretamente y con relación a la reciente “Ley Trans”, son varios los protocolos implementados en varias comunidades autónomas y que atribuyen al docente, muy especialmente a la dirección del centro, un papel cuando menos difícil, delicado o complejo ante situaciones que, en nuestra opinión, habrían de dirimirse en otras instancias y no arrojar una vez más sobre el docente una enorme carga de responsabilidad en un asunto muy personal que atañe al alumnado y sus familias.

No menos preocupante es el anuncio de alguna comunidad autónoma con mensajes de advertencia en clave sancionadora, hacia un profesorado al que sitúa en el foco o punto de mira ante su actuación en caso de existencia de un posible caso de acoso escolar.

El centro educativo no puede ser la respuesta fácil y cómoda para que el dirigente o administración de turno dé respuesta a aquellos problemas a menudo de índole social que aquejan a nuestros jóvenes. La conciliación de la vida laboral y familiar va más allá de abrir los centros educativos en jornadas maratonianas. Es necesaria una respuesta coordinada de varias administraciones, antes de arrojar sobre la espalda de los docentes toda esa problemática a la que son incapaces de dar una solución los gestores políticos.

Ante esta situación, consideramos que es el momento de replantear las tareas burocráticas inherentes a la profesión docente, de modo que nos permitan priorizar la atención a nuestro alumnado. Entre otras cuestiones, son necesarios una estabilidad normativa, una bajada de ratio y el refuerzo de plantillas docentes, junto a un aumento de la dotación de personal de administración y servicios.

“Confiamos en que los principales partidos políticos sepan actuar en consecuencia, retomando la senda del diálogo que derive en acuerdos. Necesitamos certezas sólidas para construir un futuro mejor”

No es tarea fácil, nos encontramos con la inestabilidad de un sistema educativo que provoca que cada vez que hay un cambio de gobierno se produzca un cambio en la Ley Orgánica de Educación, con los consiguientes desarrollos normativos, modificaciones que van desde las programaciones de centro y departamento hasta el modo de evaluación.

Y todo ello en un año electoral, un año donde es obligado apostar necesariamente por el diálogo y la negociación para formar gobiernos estables en la próxima legislatura. Estamos en un momento crucial, sin duda el más difícil desde la restauración de la democracia. En ANPE, como sindicato independiente y profesional, siempre hemos respetado todas las opciones y no hemos mostrado ninguna preferencia por ninguna sigla ni color político, pero estamos obligados en esta tesitura a manifestar que España precisa bases sólidas para afrontar los retos y desafíos que tiene planteado nuestro país.

En el ámbito educativo, sólo desde al menos un acuerdo de mínimos, se pueden establecer las bases para acometer y desarrollar los cambios en las leyes educativas que permitan acometer las grandes reformas pendientes. En ANPE nos gustaría que el debate educativo se situara en la reflexión serena sobre los retos y desafíos a los que hay que dar respuestas y soluciones. Para ello hay que centrarse en la búsqueda de consensos y acuerdos básicos que alejen a la educación de la confrontación ideológica permanente y de las propuestas irreconciliables, buscando lo verdaderamente esencial y apartando lo accesorio.

En definitiva, que seamos capaces de ponernos de acuerdo en cuestiones principales para resolver los problemas de fracaso y abandono escolar, optimizar los rendimientos educativos del alumnado, impulsar y prestigiar la enseñanza pública como se merece, mejorar la convivencia en los centros y reconocer y valorar la tarea docente. En el marco actual, en proceso de implantación de una nueva reforma educativa, la política del profesorado debe ser prioritaria para las administraciones. Pero no habrá ninguna mejora posible para la educación en España mientras no se reconozca y valore la verdadera profesionalidad de los docentes; tenemos una buena oportunidad contemplada en la disposición adicional séptima de la LOMLOE, pero parece que poco o nada interesa su desarrollo a las administraciones educativas.

Es necesario, ahora más que nunca, tener altura de miras y sentido común. Pero es difícil avanzar a tenor del escenario que estamos presenciando, donde algunos líderes se inclinan principalmente por la senda del radicalismo, de la exclusión y de la confrontación. En esta situación, las incógnitas e incertidumbres se ciernen sobre un futuro inmediato y resulta difícil aventurar nada.

Confiamos en que los principales partidos políticos sepan actuar en consecuencia, retomando la senda del diálogo que derive en acuerdos, despejando así las incertidumbres para que la sociedad española recupere la ilusión y la confianza. Necesitamos certezas sólidas para construir un futuro mejor. Y esto, que es básico en cualquier proyecto, en Educación es aún más primordial.

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